L
L
L
a
a
a
d
d
d
e
e
e
s
s
s
l
l
l
e
e
e
g
g
g
i
i
i
t
t
t
i
i
i
m
m
m
a
a
a
c
c
c
i
i
i
ó
ó
ó
n
n
n
c
c
c
o
o
o
m
m
m
o
o
o
e
e
e
s
s
s
t
t
t
r
r
r
a
a
a
t
t
t
e
e
e
g
g
g
i
i
i
a
a
a
p
p
p
o
o
o
l
l
l
í
í
í
t
t
t
i
i
i
c
c
c
a
a
a
Dentro de un mes tendrán lugar Elecciones Generales en nuestro país tras el reciente
proceso electoral de las Municipales y Autonómicas. Se trata de unas circunstancias
concretas que requieren cierto análisis. El resultado de las mencionadas elecciones
locales y autonómicas fue muy desfavorable para las formaciones políticas del
Gobierno de coalición de izquierda, y además se dio una muy baja participación del
electorado. Si queremos interpretar el sentido de ambos hechos, la alta abstención y el
avance la derecha política, debemos analizar las características del marco político en
el que tienen lugar. Para ello tendremos que prestar atención a la influencia ideológica
que el poder económico ejerce sobre la población, y además tener en cuenta que esto
no es algo específico de nuestro país sino que tiene un marco geográfico más amplio.
No sólo en España, sino también en otros países europeos e incluso en EE.UU.,
América Latina… se percibe durante las últimas décadas un paulatino crecimiento de
la agresividad en las formas de ejercer la oposición política. Este tipo de cosas
contribuyen a degradar, desvirtuar la democracia, y parece claro que es fruto de una
intención deliberada de desprestigiar las instituciones políticas y socavar la confianza
de la gente en los gobernantes que salen elegidos cuando no son los que le convienen
a los poderes económicos dominantes. Es decir, se intenta fomentar, en los países que
aún conservan sistemas democráticos, el desinterés de amplios sectores ciudadanos
por la práctica de las elecciones y la política en general, todo ello en favor de los
intereses de los dominadores del injusto sistema económico imperante.
Un ejemplo paradigmático de esa práctica o estrategia de deslegitimación de la
democracia fue el asalto de los partidarios de Donald Trump al Capitolio en enero de
2021. El hecho mismo del asalto, más que una acción contra el nuevo presidente que
había sido elegido, era una deslegitimación de las instituciones legales que habían
certificado el triunfo de Biden. Es evidente que estamos ante una estrategia como la
que posibilitó, en el siglo XX, el ascenso de los fascismos. Ese tipo de movimientos
políticos se potencian también en Europa: Le Pen en Francia… y llegan al poder en
algunos sitios: Orbán en Hungría, Meloni en Italia… En nuestro país el partido VOX
tuvo un rápido crecimiento en los últimos años y empieza a flaquear sólo donde el
Partido Popular evoluciona más rápidamente hacia el fascismo y sus métodos. Por
ejemplo, en Andalucía y Madrid no necesitan a VOX pues ya tienen a Juan Manuel
Moreno Bonilla e Isabel Díaz Ayuso, respectivamente.
La estrategia política de esa derecha neofascista es la constante calumnia y des-
legitimación de los adversarios. Desde la victoria socialista en la Moción de Censura
contra el Gobierno de M. Rajoy, y sobre todo desde la formación del gobierno de
coalición de izquierda, el tipo de oposición que se ejerció contra el poder legalmente
establecido no es el que cuadra en un sistema democrático. Una característica de la
democracia es el reconocimiento del adversario y la diversidad de ideas: el derecho a
gobernar cuando se es gobierno y el derecho a hacer oposición cuando se está en la
oposición; la competencia democrática se sustenta en la confrontación de ideas y de
propuestas, en la discusión pública sobre temas de interés colectivo en la esfera
pública. Pero, en la perversión de la democracia y sus valores, que promueve el
neofascismo, se está imponiendo la calumnia como política de Estado, se intenta
imponer una hegemonía basada en la propaganda y los ataques a personas
determinadas. Podemos comprobar que en la propaganda política de las derechas
lideradas por Alberto Núñez Feijoo y Santiago Abascal abundaban expresiones
deslegitimadoras como “ocupa” y “pucherazo” referidas a Pedro Sánchez y la política
del Gobierno de coalición. Se puede criticar al Gobierno desde la oposición, pero la
política de deslegitimarlo daña el marco legal en el que se gestó el Gobierno: la
Constitución que regula la normativa de las Mociones de Censura, las elecciones en
las que resultaron elegidos los gobernantes, las Juntas Electorales que certificaron el
fallo de los comicios, la Jefatura de Estado que encargó formar gobierno al vencedor
en las elecciones…
Esos mecanismos legales, constitucionales, de legitimar al gobierno asignan a la
sociedad civil, al conjunto de ciudadanos, la relevancia, el rol protagonista que les
corresponde. Parece, pues, que la finalidad de la sistemática deslegitimación que el
neofascismo ejerce pretende debilitar o incluso anular la sociedad civil y convertir a
los parlamentos no en espacios de debate y confrontación de ideas sino en campos de
batalla donde cabe la calumnia y todo tipo de ataques personales. Durante los últimos
años vimos bastante de todo eso en las Cortes españolas.
Otro rasgo negativo del neofascismo al que está evolucionando la derecha española es
la perversión del equilibrio de poderes del Estado. Durante los últimos años vimos
cómo el Partido Popular, aduciendo diversos pretextos que no venían al caso, se
estuvo oponiendo a la renovación del Poder Judicial. De esta manera prolongó,
indebidamente, la influencia decisiva que tenía en ese órgano, y lo utilizó no sólo para
proteger a sus numerosos corruptos sino también para bloquear en las Cortes alguna
iniciativa legislativa del Gobierno. Si a este poder judicial, que la derecha ya ejerce,
añade el poder político que obtenga en próximas elecciones, nos encontraremos
sometidos a un poder soberano con manifiesta vocación de decidir sobre la
legitimidad, es decir, con capacidad de proclamar la suspensión de la ley, apoderarse
de los órganos electorales, lo que le permitirá hacer leyes según su conveniencia,
decidir quién está dotado de legitimidad para gobernar…
Es decir, poner en duda la legitimidad de un Gobierno democrático o el resultado de
las urnas al conformar un Parlamento conlleva la inoculación de desprecio a la
legalidad y sus instrumentos constitucionales con vistas a un ataque al sistema
democrático y su sustitución por formas de gobierno que excluyen la participación
ciudadana. Pero debemos insistir que el diseño de esa estrategia de deslegitimación
tiene una finalidad social concreta: se trata de blindar los intereses de las clases
dominantes, anular la voluntad popular y sus instrumentos legales, constitucionales
capaces de poner freno al poder del gran capital, de las multinacionales, de los
intereses económicos que se nutren de la explotación de los pueblos. Los
privilegiados del sistema de dominación se benefician de la ignorancia de la gente
sobre lo que es la estructura de clases y el lugar que ocupan en ella. Es evidente que
una de las causas del fracaso de la Izquierda en las pasadas elecciones municipales y
autonómicas es que no supo explicar a la población que nos encontramos en una
Lucha de Clases en la que salen mejor parados quienes saben lo que es eso y actúan
según su interés aprovechando la ignorancia de la mayor parte de la población, a la
que no se le informa debidamente sobre sus intereses de clase.
